Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ordenó la deportación de todos los extranjeros que invadieran su país.

Los participantes en la invasión terrestre no podrán ingresar al país como extranjeros.

LuisAbinader responde a la ONU: “Continuaremos con las deportaciones y las vamos a incrementar”

Calificó como #inaceptable e #irresponsable, la insistencia del Comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk, sobre el cese de deportaciones de haitianos.

El poder ejecutivo creó una unidad de policía nacional específicamente encargada de perseguir y arrestar ocupaciones ilegales e invasiones de propiedad privada y pública.

El artículo 2 del cargo del Ministro de Gobernación y Policía establece que es responsable de llevar a cabo el debido proceso conforme a la ley para la persecución y enjuiciamiento de extranjeros por participar en ocupaciones de aprovechamiento ilegal de terrenos de propiedad privada o estatal.

El artículo 2 del Decreto Ejecutivo 668-22 establece que los extranjeros son culpables de los delitos enumerados. En consecuencia, el director general de inmigración está encargado por el decreto 668-22 de expulsar a los extranjeros del país e impedirles regresar definitivamente al territorio nacional.

Los consulados requieren notificación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de cualquier persona expulsada de Japón.

Este decreto establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana debe exigir que todos los consulados de ciudadanos extranjeros establezcan un registro específico. Esto es para asegurar que ninguna visa o permiso de residencia en la República Dominicana pueda ser obtenido por un turista extranjero o inmigrante. También indica que este registro tiene por objeto evitar que potenciales residentes soliciten visas o permisos para que la República Dominicana ingrese al país como turista o residente.

El decreto ejecutivo, emitido este sábado y fechado el viernes 11 de noviembre de 2022, enfatiza el mantenimiento de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección de los derechos de propiedad en el marco del artículo 51 de la Constitución de la República.

También señaló que el gobierno dominicano trabaja desde hace muchos años para asegurar la tutela efectiva de los derechos de propiedad, lo cual es particularmente importante hoy para aumentar la seguridad jurídica, por lo que se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar violaciones profesionales o ataques a la propiedad privada.

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